La Unión Europea ha anulado el canon digital que aprobó en su día el gobierno del Partido Popular. El Tribunal de Justicia de la UE ha concluido que el sistema no es compatible con la normativa comunitaria. Según la sentencia este modelo no garantiza que sea los usuarios de copias privadas los se hagan cargo de la compensación por los derechos de autor.
El anterior modelo de canon digital del PSOE (vigente entre 1992 y 2006) gravaba la compra de soportes físicos de CD y DVD, en el caso de compras realizadas por particulares, que podían utilizarse para realizar copias privadas para compensar el perjuicio que pudiera significar para los autores. Esta idea consideraba que cualquiera de estos soportes iba a ir destinado a grabar y reproducir de forma privada contenido en forma de música, películas, etc. Protegidas por derechos de autor. Ya en su momento saltó la polémica, ya que éste no es realmente el uso exclusivo para el que se pueden utilizar estos soportes: por ejemplo, un usuario que comprara el dvd para guardar fotos o vídeos familiares también estaría pagando ese canon compensatorio.
Posteriormente, el gobierno de Mariano Rajoy modificó la ley en el año 2012, y sustituyó la compensación por copia privada por una partida presupuestaria en los Presupuestos generales de Estado que iba a parar a las entidades de derechos de autor. Lo cierto es que con la modificación de la ley las entidades gestoras de derechos de autor recibían una compensación mucho menor: 115 millones de euros en 2011 frente a 5 millones de euros en 2012, año en el que la modificación de la ley entró en vigor.
El tribunal dictamina que, al pagar esa compensación con dinero de todos los contribuyentes, el gravamen se aplica indiscriminadamente a todas las personas físicas y jurídicas, y que las empresas no deberían estar sujetas a este canon pero que lo están pagando. Lo que sanciona la Unión Europea es que la compensación equitativa corra por cuenta de todos los contribuyentes. Presumiblemente, se producirán a partir de ahora las reclamaciones de las entidades de gestión de derechos de autor por los inconvenientes causados por la modificación de ley del PP.
Varias entidades de gestión de derechos de autor han celebrado la sentencia, ya que el anterior modelo de gestión es el que se utiliza en la mayoría de países europeos, en los que la compensación por las copias privadas corren por cuenta de las grandes empresas tecnológicas fabricantes, ya que dejan de cobrar una parte del precio del soporte para cederlo a los creadores. En parecidos términos se han expresado representantes del PSOE. No obstante las voces críticas con el antiguo modelo señalan que también supone un esfuerzo para los usuarios compradores de cd y dvd.
La sentencia obliga al gobierno español a modificar esta ley.