Bruselas exigirá al gobierno español un ajuste de 10.000 millones de euros, le va a reclamar austeridad en la gestión de su presupuesto y piensa someter nuestra economía a duros exámenes cada trimestre para comprobar la efectividad de las medidas que tome el gobierno. Todo esto, al menos, hasta 2017.
Según fuentes de la Unión Europea, la inestabilidad política española no ofrece, precisamente, garantías. En España hace falta un gobierno estable que sea capaz de hacer la corrección presupuestaria que se necesita, según la opinión predominante en Bruselas.
Además, en 10 días se sabrá cuál es la sanción que cae sobre España por el incumplimiento del déficit, una sanción que se anuncia como simbólica. España ha incumplido sus compromisos fiscales y su déficit es el segundo de la Unión Europea. Para evitar la multa, el ejecutivo español presentó un abanico de medidas de ahorro que la Comisión Europea ha considerado insuficientes.
En las cuentas del gobierno español se obtendrían 2.500 millones de la lucha contra el fraude y el endurecimiento del impuesto de sociedades supondría 6.000 millones más. Pero con el dato del incumplimiento del déficit de 2015 la Comisión no se fía y exige mucho más. Por este motivo plantea un ajuste severo si España quiere evitar de verdad una multa que tendría una mala acogida en la opinión pública.
Presumiblemente, la multa será benevolente y, presumiblemente también, llevará consigo la congelación de 1.100 millones en fondos europeos. Pero lo que cobra importancia en este balance es la contrapartida de la exigencia de nuevos tijeretazos por parte de Bruselas. Así pues, reclamará un déficit del 3,9% para 2016 (2015 lo cerró con 5,16%) y del 2,5% en 2017, acompañado de un ajuste estructural de 10.000 millones.
Además, cada tres meses habrá un informe sobre la efectividad de las medidas tomadas. El primero de los análisis llegará en octubre y ya tienen que ejecutarse los recortes anunciados. Si no se alcanzan los objetivos propuestos, España podría ser multada de nuevo.
Desde el Ministerio de Economía, con el ministro De Guindos al frente, se ha asegurado que la negociación entre las partes sigue abierta. Lo que parece bastante claro que las rebajas de impuestos anunciadas a bombo y platillo por el Partido Popular en campaña no podrán cumplirse en ningún caso. Pero en el capítulo de promesas electorales incumplidas los españoles estamos más que curtidos.