El gobierno de Rumanía se tambalea a causa de la corrupción

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Tras las enérgicas protestas por parte de la ciudadanía, el gobierno socialdemócrata rumano se ha visto obligado a retirar el decreto que despenalizaba determinados casos de corrupción. Su aprobación ha generado las mayores movilizaciones ciudadanas de varios días consecutivos que se recuerdan en Rumanía desde la época de Ceasusescu, a las que se han añadido advertencias desde Bruselas para provocar la retirada de este decreto.

El decreto 13/2017 aprobado el pasado 5 de febrero se centraba en despenalizar y pasar por alto ciertos delitos de corrupción. En concreto, descriminalizaba la prevaricación cuando el daño que se produjera al Estado no fuera superior a 200 Lei (alrededor de 44.000 euros), aproximadamente cien veces el salario medio mensual de un trabajador rumano. La medida se acompañaba de un indulto para 2.700 presos condenados por delitos menores de corrupción.

La indignación popular se entiende todavía mejor si se tiene en cuenta que el citado decreto beneficia directamente al entorno más próximo de amigos y familiares de miembros del gobierno y también al presidente del PSD, Liviu Dragnea, acusado de un delito de corrupción electoral y daños de 24.000 euros al Estado. Con la nueva normativa, Dragnea quedaría libre de toda acusación y tendría las manos libres para remodelar el gobierno.

El primer ministro rumano, el socialdemócrata Sorin Grindeanu que gobierna en nombre de Dragnea al estar éste inhabilitado, ha declarado que después de la derogación del decreto que van a iniciarse conversaciones con otros partidos para reenfocarlo sin hacer mención a esa cantidad de dinero que, según sus palabras, ha resultado controvertida. Hay que señalar que la medida beneficiaba también al padre de Grindeanu, acusado de prevaricación.

Según el ministro de Justicia, Florin Iordache, se trata poco menos que de un malentendido, ya que el nuevo decreto se ha comunicado muy mal, lo que ha hecho que los ciudadanos no entiendan correctamente los objetivos de la medida, aparte de acusar a la oposición de realizar una campaña de desinformación.

La corrupción es uno de los mayores problemas que vive la sociedad rumana, que se ha convertido en uno de sus males crónicos más difíciles de erradicar. Muchos políticos, empresarios y personalidades públicas se han visto envueltos en escándalos de  corrupción en los últimos años, más de 1.200 casos de prevaricación en los últimos dos años, que costaron al Estado en torno a mil millones de euros. La Dirección Nacional de Anticorrupción de Rumania (DNA) investiga actualmente otros 2.151 casos de corrupción.

El Jefe del Estado y presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, criticó duramente la medida del gobierno y advirtió que, si éste no soluciona de forma rápida la crisis que él mismo ha originado, tendrá que poner en marcha una ronda de consultas para encontrar la forma de arreglar el problema.

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