Elegir el orden de los apellidos todavía no es posible en España

A pesar de que se anunció que el apellido  paterno dejaría de tener preferencia en España a partir de este 30 de junio, esto no va a ser posible de momento.

Desde el año 2000 es posible en nuestro país inscribir al recién nacido con el apellido de la madre en primer lugar. Para ello, los padres deben seguir una serie de trámites burocráticos si no están de acuerdo con el orden de los apellidos por defecto: enviar una solicitud al juez del Registro Civil y una declaración de mutuo acuerdo sobre el cambio de orden.

Esta situación va a continuar así al menos hasta el 30 de junio de 2018, ya que el Senado ha aprobado una enmienda para posponer la entrada en vigor de la nueva Ley 20/2011 del Registro Civil, que trata en su artículo 49 sobre el orden de los apellidos y que eliminará la condición por defecto de que prevalezca el apellido del padre sobre el de la madre.

En cuanto el contenido de dicha ley se aplique las parejas deberán ponerse de acuerdo sobre el apellido que debe figurar en primer lugar. De no hacerlo en el plazo de tres días será el funcionario del registro civil el que tomará esta decisión. ¿Qué criterios aplicará el funcionario llegado este caso? Según el Ministerio de Justicia se procurará evitar malsonancias y se tendrá en cuenta el carácter común o no del apellido, también se podrá aplicar el criterio alfabético, etc.

Al parecer la ley contempla éste y otros aspectos y cambios más complicados que van a afectar a todos los trámites ciudadanos. Por ello, desde determinados sectores se desaconseja su entrada en vigor, ya que se considera que no hay dinero para asumir esta reforma.

Así pues, el Partido Popular ha presentado una enmienda en el Senado para que se posponga la aplicación de la ley hasta el verano de 2019, de forma que dé tiempo a implementar un nuevo sistema organizativo y tecnológico. Al final el plazo de prórroga acordado se ha reducido a la mitad: un año. Es la tercera vez que se pospone la entrada en vigor de esta ley, un hecho que algunos funcionarios de Justicia consideran que está dando muy mala imagen dado que consideran que se ha producido por no dotar de los medios suficientes para su cumplimiento.

Esta nueva ley pretende eliminar un trato discriminatorio con la eliminación de la opción paterna por defecto y que resulte más igualitario el acto de poner nombre a los recién nacidos.