Comienza el juicio por el Levante-Zaragoza con 42 imputados

El 21 de mayo de 2011 se disputó un último partido de Liga. Levante y Zaragoza se encontraron en el estadio Ciutat de València. El partido no era decisivo para el Levante, pero sí para el Zaragoza, que se jugaba el descenso.

Como era lógico, el conjunto maño se esforzó al máximo por ganar y terminó consiguiendo la victoria en un 1-2 que no refleja el verdadero empeño del conjunto valenciano.

En otras circunstancias podría haber pasado por un partido más, sin demasiada emoción y comportamientos erráticos por ambas partes. Pero fue un partido decisivo y al final se ha denunciado por supuesto amaño.

Acusación contra el Levante y el Zaragoza

Fiscalía Anticorrupción, la Liga como entidad y el equipo Deportivo de la Coruña, afectado por el resultado al motivar su descenso en lugar del Zaragoza, son las acusaciones que han argumentado un supuesto amaño entre ambos equipos, que ascendería al millón de euros para los jugadores del Levante.

Este es, además, un juicio histórico, porque es el primero en España que se celebra en relación a un supuesto amaño deportivo en la Primera División. El juicio se ha iniciado el pasado martes 3 de septiembre, en los juzgados de Valencia.

42 profesionales deportivos en el banquillo

Otro de los hechos anecdóticos de este juicio es el relativo a los imputados. Hasta 42 personas se sientan en el banquillo, casi todos jugadores que estaban en aquél partido en alguno de los dos equipos.

A pesar de que hay jugadores que incluso están ahora en otros países disputando ligas nacionales, pero que tendrán que afrontar las penas que podrían caerles si el amaño se confirma en la sentencia.

Además de los jugadores, también están imputados el cuerpo técnico al completo del Zaragoza, el presidente del club en aquél momento, Agapito Iglesias, así como consejeros del club.

Peticiones de sentencia por el juicio

Desde la Fiscalía Anticorrupción se solicita dos años de cárcel en concepto de corrupción deportiva, mientras que LaLiga aumenta la pena solicitada a cuatro años.

Es importante esta diferenciación, porque en el primer caso podría negociarse eludir de la cárcel y en el segundo sería prácticamente inevitable.

A las penas de cárcel se unen seis años de inhabilitación profesional y una multa individual para cada imputado de 1,9 millones de euros.

Además, bajo el delito de falsedad de documento mercantil, la Fiscalía también solicita dos años de cárcel adicionales.