El impuesto a las tecnológicas, preparado para su aprobación en 2018

El nuevo impuesto a los servicios digitales de las grandes compañías tecnológicas anunciado por el gobierno será aprobado durante este 2018, según ha declarado el ministro de Economía, Industria y Competitividad de España, Román Escolano.

El gobierno tiene previsto presentar este nuevo impuesto en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo. El ministro espera que se ponga en marcha, como ocurre en otros países europeos, a la mayor brevedad posible, por lo que espera que sea llevado al Parlamento cuanto antes.

Escolano asegura que todos los servicios del gobierno están trabajando activamente para la implementación de esta nueva figura impositiva para las grandes compañías tecnológicas, para la que el resto de grupos de la oposición parlamentaria ha mostrado una posición favorable. Se trata de un tema de justicia para el que existe bastante consenso.

Por su parte, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, afirmó que este nuevo impuesto recaudará más de 1.000 millones de euros al año. Así de claro y tajante respondió a una pregunta de los periodistas en este sentido, realizada en el transcurso de la VIII Jornada sobre ‘La inspección tributaria de las grandes empresas”, organizada por Deloitte Legal.

En el nuevo Programa de Estabilidad que el gobierno español ha presentado a la Comisión Europea se especifica la subida de las pensiones conforme al IPC, por lo que se plantea la incorporación de nuevas figuras tributarias, como es el caso de este impuesto a las grandes tecnológicas, que permitan sufragar la subida de las pensiones. En este año 2018 se calcula que el alcance recaudatorio de esta medida girará en torno a los 600 millones de euros, que llegarán hasta los 1.500 millones en 2019.

Este nuevo impuesto se aplicará a aquellas empresas que tengan unos elevados ingresos anuales, y evitará afectar a las pymes. Solo gravará los ingresos derivados de la prestación de servicios digitales que son hoy por hoy los más difíciles de controlar por nuestro sistema tributario.

Menéndez también ha declarado que el 75% de las sentencias por delitos fiscales fueron favorables para la AEAT. Según datos del año 2012 este porcentaje de sentencias favorables era solo de un 57%.

Sin embargo, hay organismos que ponen en duda este impacto económico de la nueva tasa. Es el caso de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), cuyo director de coyuntura, Raymond Torres puso en cuestión las estimaciones realizadas por el gobierno.