La última Memoria de la Fiscalía contiene un dato verdaderamente inquietante. Según este informe a lo largo del año pasado ha crecido de forma incontestable el número de delitos informáticos que atentan contra la libertad sexual de los menores.
A lo largo de 2017 se realizaron un total de 1.077 procedimientos generales contra la libertad sexual, de los que el porcentaje más alto pertenece a los casos de pornografía infantil (825 casos), seguido de las conductas de acoso sexual a niños en redes sociales, un delito también conocido como “child grooming” (159 expedientes).
Otro dato importante que pone de relieve este informe de la Fiscalía es el aumento de la frecuencia con la que las diferentes redes sociales y las tecnologías en general son utilizadas para canalizar conductas de humillación, persecución, hostigamiento y acoso hacia otras personas y para atentar contra su libertad en general.
Este lunes, coincidiendo con la apertura del año judicial, la Fiscalía ha hecho pública esta Memoria, en la que destaca que vivimos en una sociedad digital en la que todo lo que hacemos está programado informáticamente o se transmite a través de las diferentes tecnologías de la información y la comunicación.
Los medios digitales, por su propia naturaleza, propician riesgos que colocan a los ciudadanos en una posición de víctimas potenciales de un uso inadecuado y poco ético de los mismos, un peligro del que deben estar prevenidos, algo que resulta mucho más complicado con los menores de edad.
Recientemente la Guardia Civil y la Policía Nacional informaban también de que el acoso sexual a menores por internet se ha multiplicado por dos en los últimos años.
Ambos cuerpos informan de la investigación en 2017 de 394 casos de acoso sexual a menores a través de las redes sociales e internet. 92 casos se habrían concentrado en Cataluña, 79 en Andalucía, 62 en Castilla y León y 46 casos se investigaron en la Comunidad de Madrid.
Normalmente, el acoso sexual suele iniciarse de la misma forma: los acosadores intentan en primer lugar obtener imágenes de contenido sexual de las víctimas. Una vez las consiguen comienza el acoso, que en ocasiones puede derivar en intentos de suicidio por parte de los afectados.
Las extorsiones relacionadas con delitos sexuales coexisten con juegos extremos en los cuales los menores son invitados a pruebas de gran peligro, como el llamado “La ballena azul”.
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