La ley prohíbe matar en público al toro de la Vega

Uno de los temas de sociedad que más revuelo y eco mediático han armado en los últimos tiempos es el llamado Toro de la Vega de Tordesillas. Partidarios y detractores siguen enzarzados en verdaderas batallas dialécticas desde hace ya meses, mientras las Cortes de Castilla y León han convalidado el Decreto Ley, que ya aprobó la Junta de la citada comunidad autónoma, para prohibir la muerte en público del toro de la Vega que se celebra todos los años en esta localidad de Valladolid.

A favor de la convalidación de la ley han votado el grupo popular, el socialista, el de Podemos y el grupo mixto. Ciudadanos se ha abstenido, aunque sus representantes declararon porteriormente estar en contra del maltrato de este toro y que su abstención fue sólo un gesto para denunciar el electoralismo empleado por el Partido Popular presentando esta norma de esta forma y en este preciso momento, en plena precampaña.

El torneo del toro de la Vega es un evento de origen medieval del que se tiene constancia de su celebración desde 1534. Fue declarado fiesta de interés turístico en 1980 y espectáculo taurino tradicional en 1999. Desde hace unos años se han intensificado las críticas, protestas públicas y manifestaciones en contra de este festejo, que ha sido cuestionado desde distintos sectores que denuncian la crueldad y el maltrato animal que se produce en lo que consideran un auténtico linchamiento contra el toro. Por este motivo, desde el pasado 19 de mayo la Junta de Castilla y León prohíbe que la muerte del animal se produzca en público. Desde ahora, con la convalidación de las Cortes esta prohibición se convierte en ley.

El consejero de la Presidencia e impulsor del decreto ley, José Antonio de Santiago-Juárez, defendió en la sesión de las Cortes que la tradición debe evolucionar para evitar que sea prohibida en el futuro y, también para evitar que su repercusión negativa afecte a la tauromaquia en general.  Según el Partido Popular, la tradición debe evolucionar sin perder su esencia y ése es el sentido de este decreto ley.

Desde IU-Equo y Podemos se ha celebrado que se haya dado un paso más para conseguir la erradicación de la tortura animal, aunque también han mostrado cierta desconfianza y la intención de tener una actitud vigilante. Según el grupo socialista, que también se ha mostrado a favor de la aprobación del decreto ley, la decisión se ha tomado de forma unilateral, con premeditación y alevosía para ocultar los escándalos de corrupción que salpican al Partido Popular en Castilla y León.