Los presupuestos del Gobierno Sánchez, a examen en Bruselas

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El Consejo de Ministros aprobó el lunes pasado el borrador de preproyecto presupuestario que surge a partir del acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos.

El Gobierno español ya ha enviado toda la documentación, incluido un cuadro macroeconómico actualizado.

A partir de ahora los documentos recibidos por los técnicos comunitarios pasan a fase de análisis. Todos los borradores que se han recibido son analizados con detalle y, a finales del mes de noviembre, la Comisión Europea publica sus conclusiones.

Los expertos aseguran que es poco probable que la Comisión Europea tumbe el presupuesto español. Más bien se establecerá que cumple en líneas generales, pero que dé alerta sobre los aspectos que considere más preocupantes.

Por ejemplo, en mayo pasado la Comisión Europea advirtió sobre las subidas en los sueldos de los funcionarios y en las pensiones y por la caída de los ingresos. Lo más seguro es que ahora vuelvan a mostrar preocupación al respecto. Y dicha preocupación va sobre todo orientada a que los ingresos y los gastos cuadren.

Por otro lado, la ministra de Economía española, Nadia Calviño, cuenta con una solida reputación en Bruselas. Ha trabajado codo con codo con la gente del equipo que tiene que evaluar la documentación española, es amiga de los comisarios y del presidente del Eurogrupo. Sin embargo, las buenas relaciones no bastan y hay que esperar las noticias de la Comisión.

Sin embargo, algunos medios de comunicación han filtrado recientemente que las conversaciones encaminadas a allanar el camino de la aprobación ya llevan tiempo en marcha. Según estos medios, el Gobierno ya maneja la información de que se va a encontrar con objeciones a cuestiones concretas, pero no con un rechazo al contenido general de los presupuestos.

Según estas informaciones Bruselas quiere contar en el compromiso del Ejecutivo español de que si los ingresos no son los previstos o si los gastos se dispararan, la cartera de gasto se bloqueará. O sea, que si el déficit se eleva por encima de los compromisos, el Gobierno debería paralizar la ejecución del gasto. Bruselas quiere garantizar así que el plan de estabilidad cumple con una senda de reducción del déficit.

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